Análisis, tabulación, elaboración de informes, publicación y difusión de resultados de 2017, realizando las notificaciones pertinentes en el ámbito nacional y a los organismos internacionales con competencia en materia de drogas y drogodependencias (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías-EMCDDA, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC, Organización Mundial de la Salud-WHO), para su difusión según sus respectivos calendarios.

Recepción y depuración de los datos correspondientes a 2018.

Revisión del listado de sustancias y metabolitos a identificar.

Las consejerías/departamentos con competencia en la materia de las comunidades y ciudades autónomas que tienen implantado el indicador (19 de 19 en 2018, aún por determinar en 2019) contactan con los Institutos de Medicina Legal y los laboratorios de toxicología correspondientes a los partidos judiciales monitorizados, revisan los informes forenses y toxicológicos y cumplimentan las fichas individuales de recogida de información, graban la información, depuran, validan y corrigen errores y envían los registros anonimizados anualmente al Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, donde se unifican y depuran hasta obtener una base de datos nacional para poder explotar.