Los Anuarios de este periodo reflejan los cambios políticos de
mediados de los años setenta y el proceso de organización del
nuevo Estado Democrático.
Con la aprobación de la Ley de la
Función Estadística Pública (LFEP), de 1989, los Anuarios se
irán adaptando a las exigencias de la nueva regulación
estadística, tanto en la información cuantitativa como en la
incorporación de las nuevas tecnologías informáticas, sin olvidar determinados principios establecidos en la Constitución
Española de 1978 y, a partir de 1984, el desarrollo
competencial de las comunidades autónomas en materia
estadística.
La incorporación a la Unión Europea en 1986 exigió mejoras,
entre otros, en los ámbitos económico y educativo, además de
la integración del INE en el Sistema Estadístico Europeo
Durante el siglo XX el crecimiento de la población española siempre fue positivo,
pasando de
18,8 millones de habitantes en 1900 a 40,8 millones en el año 2000.
A partir de 1970 se observa un cambio en dos de las componentes del
movimiento natural de la población. La mejora de las condiciones higiénicas y
sanitarias motivó una disminución de la mortalidad, en particular, la infantil; la natalidad
también muestra un signo claramente descendente, estrechamente
relacionado con la transformación de las condiciones de vida, en especial, con
la incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de población
universitaria y el control de la natalidad.
Según los Anuarios de 1976 a 1995, los datos muestran una persistente caída
de la fecundidad, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional,
estimado en 2,1 hijos por mujer; iniciándose un claro proceso de envejecimiento
de la población.
A partir de 1978 España tuvo que hacer frente a un fuerte crecimiento del
desempleo debido a diversas circunstancias: el retorno de emigrantes la reconversión industrial, las medidas restrictivas para frenar la inflación, la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, etc.
La promulgación de la Constitución favoreció el retorno de españoles, según los Anuarios
de 1980 a 1995, el número de inmigrantes ascendió a 227.188,
especialmente procedentes de Europa.
España inició el proceso de Reconversión Industrial para desmantelar los
sectores siderúrgicos, construcción naval y mineros, punteros en los años 60, y
que ya no podían seguir siendo objeto de protección estatal. Esta reducción de
la capacidad productiva ocasionó una fuerte reducción de empleo entre 1980 y
1986. Además, la incorporación a Europa en 1986 exigió una nueva reconversión en 1991.
La Constitución de 1978 y la legislación promulgada en los años siguientes
supusieron un progreso evidente en materia educativa. Estas leyes fueron
adaptándose al proceso de integración en Europa, que exigía aumentar los
niveles de calidad. Se alcanzó la escolarización formal de toda la población de 6
a 14 años, se crearon nuevos centros educativos, se extendió la presencia
femenina en las aulas y se promovió una política de becas que permitió el
acceso a la universidad a un mayor número de jóvenes. Además, la nueva
organización territorial de España impulsó el desarrollo educativo favorecido
por los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, el problema del fracaso escolar alarmante quedó sin resolver.
Según el Anuario de 1993, de los 4,9 millones de alumnos matriculados en EGB
en el curso 1990-91, tan solo terminaron la escolaridad un 16,26%. Sin
embargo, el analfabetismo, que en 1900 afectaba al 56% de la población, fue
decreciendo hasta situarse en el 3,28% en 1991.