Los primeros Anuarios muestran algunas realidades circunscritas únicamente al siglo XIX.
Recogen estadísticas que no tendrán continuidad en la siguiente centuria y que demuestran la paulatina evolución —lenta en algunos aspectos— de la España contemporánea. Cabe destacar cuatro referencias estadísticas que remiten a particularidades territoriales, sociales, jurídicas, políticas y económicas.
El análisis demográfico de Cuba y Puerto Rico revela una
realidad denigrante que en las últimas décadas del siglo XIX seguía teniendo vigencia legal: la esclavitud.
Los Anuarios presentan las tablas demográficas de estas islas atendiendo a la raza y a la condición jurídica de la población: blancos y de color, libres y esclavos. El peso demográfico de la población esclava en las islas antillanas es sorprendente, como se aprecia en el gráfico. En el Anuario de 1888 ya no se recoge la distinción entre población libre y esclava, porque esta institución había sido abolida en Puerto Rico en 1872 y en 1880 en Cuba.
En la segunda mitad del siglo XIX la Monarquía hispana solo conservaba del
Imperio las preciadas islas de Cuba, Puerto Rico, en América, y los
archipiélagos de las Filipinas, Carolinas y Marianas, en el Pacífico.
La
consideración demográfica y económica de estos territorios tiene expresión en
los Anuarios en un epígrafe de cierta relevancia estadística: Ultramar. Es en el
Anuario de 1888 donde se recogen por última vez las referencias de los
territorios americanos y pacíficos, definitivamente desligados del Estado
español en 1899.
De las colonias que España posee en el siglo XIX, solo pervivirán en el XX las
islas africanas de Fernando Poo, Corisco y Annobón, integradas en la futura
provincia de Guinea Española, que se independizará en 1968.
En el siglo XIX el derecho a voto es censitario y capacitario, es decir, restringido a los ciudadanos con cierta capacidad económica o intelectual. Exceptuando el periodo de 1869 a 1878, el sufragio universal masculino no será definitivo hasta 1890, en el que pueden votar los varones mayores de 25 años independientemente de su riqueza. Tendremos que esperar a 1931 para que ese derecho, hoy básico, sea extensivo a las mujeres.
Una de las medidas del Estado para aligerar su enorme deuda pública y obtener liquidez para afrontar empresas de gran envergadura (industrialización, ferrocarril…) fue la expropiación y puesta en subasta pública de bienes eclesiásticos, municipales y del Estado. Estos bienes dejaban de ser “manos muertas” (no enajenables) para entrar en el mercado. Los primeros Anuarios recogen las cifras de la operación expropiatoria más ambiciosa llevado a cabo en España: la desamortización de Madoz de 1855.
